La mordaza de Sánchez: impide al Congreso debatir una ley del PP para evitar el colapso del Supremo

El Gobierno ha vetado la tramitación en el Congreso de una proposición de ley presentada por el PP para superar el actual colapso del Tribunal Supremo ante la incapacidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de hacer nombramientos por encontrarse en funciones. En concreto, el Ejecutivo ha trasladado a la Cámara Baja su disconformidad con la tramitación de esta iniciativa, según el escrito al que ha tenido acceso OKDIARIO.

Con su propuesta legislativa, los populares pedían modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de forma que sea posible que los magistrados del Tribunal Supremo puedan jubilarse voluntariamente tres años más tarde, a la edad de 75. De esta forma, se pretende paliar un previsible colapso del Alto Tribunal, por la imposibilidad que tiene el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de realizar nuevos nombramientos discrecionales en la cúpula judicial tras la reforma del Gobierno.

En la exposición de motivos de la iniciativa, el PP recuerda que si bien el CGPJ «tiene entre sus atribuciones la propuesta de nombramiento de jueces, magistrados y magistrados del Tribunal Supremo», la modificación legal impulsada por PSOE y Podemos en marzo de 2021 limitó la capacidad de realizar nombramientos en la cúpula judicial -incluido el Supremo-.

Con esta maniobra, Sánchez buscaba forzar la renovación del máximo órgano de gobierno de los jueces, en funciones desde 2018. Cabe recordar que la negociación entre el PSOE y el PP para el desbloqueo del CGPJ quedó interrumpida tras conocerse la intención del Gobierno de derogar el delito de sedición para satisfacer a sus socios separatistas. Feijóo ha defendido además una despolitización total del Poder Judicial y un nuevo sistema de nombramiento de los jueces por los propios jueces, como reclama Europa, que Sánchez rechaza.

El PP advierte que esa treta del Gobierno está recurrida ante el Tribunal Constitucional y que ha provocado una falta de cobertura de plazas en el Supremo, que supone que cada año deje de dictarse un elevado volumen de sentencias.

Así, recogen el acuerdo de la Sala de Gobierno del Supremo, de enero de 2023, que apuntaba que el impacto de no poder cubrir bajas sólo en lo Social y lo Contencioso-Administrativo provocará que en 2023 se dicten unas 1.230 sentencias menos (570 menos en Contencioso y 660 en Social), «con el grave perjuicio para el justiciable que eso supone», y con el grave retraso en miles de resoluciones que abocarían al «colapso» de ambas salas.

El Alto Tribunal transmitió además hace meses su «honda preocupación» por esta imposibilidad legal de realizar nombramientos, que está provocando una situación que, según los jueces, «será insostenible».

La jubilación de un magistrado de lo Civil, conocida la semana pasada, ha agudizado todavía más este colapso y ya son 20 las vacantes en el Supremo, que sufre bajas en casi todas sus Salas. De momento, la única intacta es la Sala de lo Penal, que sufrirá su primera baja en abril.

La jubilación del magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo Francisco Arroyo Fiestas agudiza el colapso del órgano ante la imposibilidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial mientras esté en funciones, algo que ocurre desde 2018.

Veto

Las proposiciones de ley que se registran en el Congreso deben contar con el visto bueno del Gobierno para ser debatidas en el pleno, lo que supone que el Ejecutivo de turno tiene derecho de veto sobre las iniciativas parlamentarias.

Concretamente, el artículo 134 de la Constitución establece que el Gobierno cuenta con capacidad para vetar aquellas proposiciones o enmiendas que considere que pueden tener un impacto sobre los Presupuestos, bien porque disminuyen los ingresos o porque aumentan los gastos previstos.